El mundo de las criptomonedas se mueve rápido. Mientras algunos las ven como el futuro del dinero, otros todavía no saben bien qué hacer con ellas. Cada país ha tomado su propio camino para regularlas. Hay gobiernos las aceptan y promueven su uso, otros las toleran pero con muchas reglas y hay quienes directamente las prohíben.
Las criptomonedas como Bitcoin, Ethereum o las stablecoins no son como el dinero común. No están controladas por un banco central y se usan en internet sin necesidad de bancos. Eso hace que sean atractivas para muchos pero también levanta muchas preguntas: ¿cómo se protege al usuario? ¿cómo se evitan estafas? ¿qué pasa con los impuestos? ¿cómo se impide que se usen para lavar plata?
Cada país da respuestas distintas. No hay una regla que sirva para todos. Cada uno mira sus propias necesidades y arma sus propias leyes.
En Estados Unidos el tema está dividido. Hay varias agencias que se ocupan de distintas partes del asunto. La Securities and Exchange Commission (SEC) se ocupa de los mercados financieros y considera que muchas criptos son como acciones y por eso deberían seguir las mismas reglas. La Commodity Futures Trading Commission (CFTC), en cambio, las ve como productos financieros. A eso se le suma el Internal Revenue Service (IRS) que es la agencia que cobra impuestos y que trata a las criptomonedas como propiedad, no como dinero. Esto significa que si alguien vende una cripto con ganancia tiene que pagar impuestos por eso, como si hubiera vendido una casa. Además hay estados como Wyoming o Texas que tienen reglas propias que hacen más fácil operar con cripto.
En Europa las cosas están más ordenadas. La Unión Europea aprobó una ley llamada MiCA (Markets in Crypto-Assets) que crea un marco común para todos los países que forman parte. Con esta ley las empresas que ofrecen servicios con criptomonedas tienen que registrarse, seguir reglas claras y cuidar los fondos de los usuarios. También hay controles para evitar el lavado de dinero y reglas especiales para las stablecoins, que son criptos que siguen el valor del dólar o el euro. Con MiCA, Europa busca dar seguridad a los usuarios y al mismo tiempo fomentar la innovación
En Asia el panorama es variado. Japón fue uno de los primeros en armar un sistema legal para las criptomonedas. Desde hace años las reconoce como una forma legal de pago. Las empresas que manejan criptomonedas tienen que estar registradas, cumplir con normas estrictas y proteger los fondos de sus clientes. Esto hizo que Japón se volviera un centro importante para las empresas cripto.
En Corea del Sur también hay regulaciones claras. Las empresas tienen que cumplir con normas de seguridad, identificar a sus usuarios y evitar operaciones sospechosas. En cambio China tomó el camino opuesto. Primero fue poniendo trabas y después prohibió directamente el uso de criptomonedas para pagos. También cerró las operaciones de minería. El motivo principal fue el control: al gobierno no le gusta que exista una moneda fuera de su poder. A cambio lanzó su propio yuan digital, manejado por el Banco Central.
¿Y en América Latina?
En El Salvador el presidente Bukele sorprendió al mundo cuando convirtió a Bitcoin en moneda oficial junto con el dólar. Esto generó muchas críticas pero también puso al país en el mapa de la comunidad cripto. El gobierno incluso compró bitcoins para sus reservas y construyó un sistema para que la gente pueda usarlos.
México no fue tan lejos pero tiene reglas claras. La ley Fintech obliga a las plataformas que operan con criptos a registrarse y seguir ciertas normas. Eso incluye identificar a los usuarios y reportar operaciones sospechosas. Aunque no se reconocen como moneda las criptos sí se pueden usar y están permitidas bajo ciertas condiciones.
Brasil dio pasos importantes en los últimos años. El Congreso aprobó una ley que regula los servicios con criptomonedas. Con esta norma las empresas del sector deben registrarse y cumplir requisitos parecidos a los de los bancos. Además, se apunta a proteger al usuario y evitar fraudes.
En Colombia las reglas todavía están en desarrollo. El gobierno lanzó programas piloto para probar cómo funcionaría una regulación clara pero por ahora las criptos siguen en una zona gris: no están prohibidas, pero tampoco totalmente reguladas.
Argentina: entre la costumbre y la falta de reglas
La inflación, las restricciones para comprar dólares y la desconfianza en el sistema bancario hicieron que muchos argentinos buscaran refugio en Bitcoin, stablecoins y otras criptos. Esto se ve en la cantidad de gente que opera en exchanges como Lemon, Buenbit o Ripio, incluso en plataformas internacionales.
A pesar de este uso tan extendido no hay una ley general que regule las criptomonedas. Lo que hay es una mezcla de reglas sueltas y decisiones de distintos organismos. Por ejemplo, La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA ex AFIP) ya pide que se informen los saldos en criptomonedas. Además hay que pagar impuestos si se obtienen ganancias con la compraventa de criptos. También se incluyen en el Impuesto a los Bienes Personales si se tiene más de cierto monto.
El Banco Central y la Comisión Nacional de Valores también emitieron algunas advertencias y comunicados. Manifestaron que las criptos son riesgosas y que no están respaldadas por el Estado. Pero no hay una ley como la MiCA europea ni una política clara como en Japón o Brasil. Esto genera incertidumbre porque los usuarios no saben bien qué derechos tienen y las empresas tampoco saben con precisión qué pueden hacer y qué no.
El mundo cripto sigue en movimiento. Mientras los gobiernos intentan entender cómo funciona la tecnología no se detiene y cada vez más personas se suman. Las reglas vienen atrás, tratando de ponerse al día con algo que no para de cambiar.